El día de ayer el Senado Francés aprobó una ley que penaliza al cliente de la prostitución en el país. Esta tenía dos años discutiéndose en el parlamento. Las prostitutas dejan de considerarse delincuentes y pasan a tener un estatus de víctima en la lucha contra el comercio de cuerpos y tráfico de mujeres.

El gobierno francés creó un fondo de 4,8 millones de euros para ofrecerles protección a todas las mujeres que deseen abandonar la profesión. Además de brindar un albergue y subsidio de 400 euros para facilitar el abandono de la prostitución. El país del amor le dará residencias temporarias de 6 meses, renovables, a las prostitutas extranjeras que representan un 80% de las 30 mil que comercian con sus cuerpos siempre que se acojan a un “programa de salida”.

La ley establece una multa de 1500 euros para los que adquieran el servicio y 3750 a los reincidentes. En los casos donde la relación comercial-sexual sea con menores de edad o persona vulnerable por razones de embarazo o enfermedad, la multa asciende a 45.000 euros y hasta 3 años de cárcel.

Algunos parlamentarios acusan la aprobación como “una aberración” al querer sancionar al que compra y no al que vende. Seguramente mucho de los aberrados verán comprometido su sueldo.

Como era de esperarse, los involucrados opinaron al respecto; la asociación de prostitutas sugiere que la práctica se hará más difícil y clandestina; el sindicato de policías advierte que con las continuas amenazas terroristas, los policías no van a poder vigilar el cumplimiento de la ley y los magistrados que el dinero destinado para aplicar la ley es insuficiente.

Francia se convierte en el cuarto país europeo en despenalizar la prostitución, tras Islandia, Noruega y Suecia. La experiencia de los países nórdicos dicta una disminución importante en el tráfico de mujeres y el comercio de los cuerpos desde que se implementó la norma.